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La Procuraduría de la Administración, como parte del Ministerio Público por mandato constitucional y legal, defiende los intereses del Estado y de los municipios; promueve la legalidad, la competencia y la ética en las actuaciones de los servidores públicos, al igual que sirve de consejera jurídica a los funcionarios administrativos. Por su parte, los numerales 2, 3 y 4 del artículo 3 de la Ley 38 de 2000, establecen como misión de la Procuraduría de la Administración “Coadyuvar a que la Administración Pública desarrolle su gestión con estricto apego a los principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad en la prestación de los servidores públicos”; “Defender los intereses nacionales y municipales”, y “Servir de asesora y consejera jurídica a los servidores públicos administrativos”. De igual manera, de acuerdo al numeral 2 del artículo 6 de la Ley 38 de 2000, le corresponde a la Procuraduría de la Administración “Coordinar el servicio de asesoría jurídica de la Administración Pública, a través de sus respectivas direcciones y departamentos legales.”

En tal sentido, en procura de cumplir el mandato constitucional y legal antes indicado, la Procuraduría de la Administración ha dispuesto no solo ejercer la defensa del Estado y servir de consejeros jurídicos de la Administración Pública; sino que también busca llevar adelante su rol de coordinador del “servicio de asesoría jurídica de la Administración Pública.” Por tal motivo, mediante Resolución No. DS 026-18(De 7 de febrero de 2018), la Procuraduría de la Administración dispuso “Crear el Registro de Abogados de la Administración Pública, y el Registro de Procesos de la Administración Pública…” cuyo diseño y desarrollo ha correspondido a la Unidad de Informática de la Procuraduría de la Administración, en su calidad de Unidad Ejecutora del Proyecto, bajo la supervisión y coordinación de la Secretaria General. Sobre el particular, el registro inherente a los Abogados de la Administración Pública busca llevar un registro de los abogados que forman parte de las diversas entidades que integran la Administración Pública.